de León Arsenal
Hace unos pocos días, una decisión del Gobierno saliente logró encolerizar a gran número de españoles. Eso no es raro, pero sí que la ira cundiese entre ciudadanos de muy distintos colores políticos. Indultaron a Alfredo Sáez, consejero delegado del Banesto, condenado por el Supremo a tres meses de arresto mayor e inhabilitación profesional. Un escándalo mayúsculo. Una arbitrariedad todavía más sangrante por cuanto ha sido cometida por un Gobierno ya en funciones.
Una acción tan vergonzosa ha levantado una tormenta de artículos en los que se airean los vínculos viciados entre la banca y ciertas organizaciones políticas. Bancos y partidos que mantienen relaciones clientelares. Pero clientelares a la romana usanza. De patrono-cliente. Servidumbre o comensalismo, como se le quiera llamar.
Por ejemplo, se habla de que el Santander condonó al PSOE una deuda de 12 millones de euros. 12. Nada menos. Pero no vamos a pasar aquí repaso a las inmundicias destapadas estos días por la prensa. Eso ya está en muchos sitios. Sí quiero llamar la atención sobre un detalle que a muchos les ha pasado inadvertido. Este indulto no es un suceso aislado. Es la punta del iceberg de toda una serie de medidas tomadas por el gobierno en funciones tras el 20-N.
Aquel que se haya tomado la molestia de ojear los últimos BOEs, habrá comprobado que en ellos se han estado publicando gran número de adjudicaciones de obras y servicios. También nombramientos de cargos. Y subvenciones por valor de millones.
Algunas de esas medidas causan sonrojo. Ya que hablamos de subvenciones, basta ver las concedidas hace nada por al cine por Cultura, ministerio ocupado por la más que discutida Ángeles González-Sinde, vinculada al sector. O esos contratos por parte de RTVE a empresarios próximos al ya ex presidente Zapatero, otorgados en vísperas mismas de elecciones. Contratos que atan al ente público por cientos de millones y varios años.
Indultos, contratas, cargos, subvenciones. Es como si para afines, patronos y deudos del partido saliente hubiesen llegado los Reyes Magos este año con unos días de adelanto. Pese a la crisis, los hay que no se quedan sin cestas ni aguinaldos. ¿Qué todo eso es legal? Seguro. Justo a eso quería yo llegar con estas líneas. Porque ¿qué consecuencias tendrá para los indultadores la indignación pública? Ninguna. ¿En qué quedará todo esto? En nada. Pasará el tiempo y caerá todo en el olvido.
En otros países europeos, cuando ocurre algo así, la tormenta pública fuerza a cambios legislativos que impiden su repetición exacta tiempo después. Creo recordar que algo así pasó con todo aquel asunto de las dietas cobradas por los parlamentarios ingleses. En otros países, la gente no se limita a vituperar. La opinión pública no se contenta con pedir cabezas. Reclaman también mejores leyes.
Nosotros no. Aquí ni cambian las leyes ni ruedan las cabezas. Se producen demostraciones personales y colectivas de enojo y reprobación, pero luego las aguas vuelven a su cauce.
Algún antropólogo social debiera estudiar este fenómeno, si es que no se ha hecho ya. Es algo que recuerda a festejos primitivos. Todo un rito de desahogo. Una válvula de escape a la ira y la frustración que a la postre no cambian el estatus quo ni el estado de las cosas. En eso estamos instalados. En el cabreo y en la pataleta.
Llevamos así quién sabe ya cuanto tiempo. A lo peor es parte ya de nuestra cultura colectiva. De ser así, tal vez debiéramos pedir que la UNESCO declarase al «cabreo y pataleta» patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un rito de paso arcano en forma de furia ciega. Entonces lo estudiarían. Los eruditos organizarían simposios, conferencias, cátedras. Hasta vendrían extranjeros a aprender cómo ponerlo en práctica. Corteses japoneses y severos escandinavos que se realizarían dando puñetazos sobre la mesa y cubriendo de insultos a sus gobernantes.
¿Por qué no? Al menos sacaríamos dinero al asunto. Y tal vez, por aquello del contacto, nos contagiásemos de esa extraña costumbre extranjera de exigir responsabilidades a los gobernantes. Esa locura de pretender que se mejoren las leyes. Y nosotros, pese a ese pavor antiguo al contagio de modos ultrapirenaicos, comenzaríamos también a reclamar lo mismo
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