BLOG/MADRID: Ley d´Hont

de León Arsenal

Los resultados de las elecciones del 20-N han puesto sobre la mesa las deficiencias de la ley electoral española. Las cifras son concluyentes. Lo son porque en esta ocasión se ha producido una situación extrema, con unos partidos tan beneficiados y otros tan perjudicados que el tema se ha convertido en materia de debate público. Se habla de ello en las tertulias televisivas, en la calle, en las redes sociales.

Los grandes beneficiarios han sido PP, PSOE y los partidos locales. Los damnificados IU, UPyD y alguna formación recién llegada a la arena política como Equo. Un solo ejemplo basta: UPyD ha obtenido 5 diputados con 1.140.000 votos. CiU 16 con 1.014.263. Y Amaiur 7 con 333.628.

Llamativo sin duda. Pero además estos números destapan una mentira. La de la culpa de las desproporciones entre votos y escaños es culpa de la ley d’Hont.

La ley d’Hont no es más que una fórmula para asignar escaños en proporción –y no de forma lineal- a los votos obtenidos. Nunca podría causar que un partido con menos votos sacase un número superior de escaños que otro más votado. Es imposible.

El verdadero problema de la mala calidad del sistema electoral español reside en la división en circunscripciones electorales que coinciden con las provincias. Entre otras cosas, porque hay diferencias enormes de población entre las provincias españolas. El abanico va de Soria (unos 75.000 electores) a Madrid (más de 3.500.000). Con divergencias tan grandes, es fácil ver que la representatividad se ve dañada. Dañada y por dos flancos a la vez.

Por un lado, en las circunscripciones poco pobladas, caso de Soria con dos diputados, votar algo que no sea PSOE o PP es testimonial. Un acto de afirmación política personal sin consecuencias prácticas. Esos dos escaños se reparten siempre entre el PSOE y el PP. En un caso muy extremo podrían ir ambos a uno de los dos.

El caso contrario son las circunscripciones muy pobladas como Madrid, que tiene 36 escaños. Se necesita una cantidad enorme de votos para obtener un escaño, al menos si se compara con otras provincias. Y si a eso le sumamos la aplicación de la ley d’Hont, ahora sí, el daño a la diversidad política parlamentaria es catastrófico.

En la mezcla está el veneno. Circunscripciones provinciales mas la ley d´Hont. Una pócima de brujas que hace que el voto de millones de españoles no valga nada. Nada. Se depositan en urna pero caen al vacío. No influyen en la composición del Congreso de los Diputados.

Es más. Esto refuerza de manera perversa el bipartidismo. Es generador de lo que se conoce como «voto útil». Ante la perspectiva de que su voto en conciencia sea estéril, muchos ciudadanos optan por dárselo a aquel grande –PSOE o PP- que más cercano le resulta. O, en muchas ocasiones, usan su voto para intentar frenar al grande del que más distantes se encuentran en lo político.

Circunscripciones provinciales, ley d´Hont, voto útil. Como el carbón, el nitrato de potasio y el azufre. No es que por separados sean inocuos, pero mezclados dan pólvora negra. Y jugar con pólvora puede hacer volar la casa.

Esa pólvora negra política es lo que llaman «bipartidismo imperfecto». Bipartidismo porque PP y PSOE se alternan en el gobierno. Imperfecto porque para ganar votaciones no suelen bastarles sus propios votos y tienen que apoyarse en partidos locales, nacionalistas o no.

Dichos partidos locales se han aclimatado muy bien al destartalado sistema electoral español. No creen en el estado pero se aprovechan del sistema para obtener sobrerrepresentación parlamentaria. Y gracias a ello mantienen con los grandes partidos una suerte de comensalismo político. Les suministran mayoría en las votaciones a cambio de jugosas concesiones.

Esa frase que dice que «gobierne quien gobierne, mandarán los nacionalistas» no es ninguna broma. Es el retrato en clave de sarcasmo de una realidad.

Algunos entendidos llaman la atención sobre los paralelismos entre este régimen democrático y aquel de la Restauración, entre la I República y la Dictadura de Primo de Rivera. Entonces también había dos grandes partidos que se alternaban en el poder y que se apoyaban en poderes locales. En aquel caso los caciques. La fuerza de estos últimos venía dada por los pequeños distritos electorales de la época. A cambio de su apoyo a los dos grandes partidos, obtenían ganancia, poder y un control sobre la población de sus distritos. Era una formula semejante a la de ahora, solo que a otra escala. Todo aquello lo liquidó la II República al eliminar los pequeños distritos electorales y las elecciones unipersonales. Introdujo circunscripciones más grandes. Justo las provincias. Como se ve, no es suficiente y menos en estos tiempos. Necesitamos circunscripciones de dimensiones todavía mayores, tal vez regionales.

Dicen que el sistema actual lo diseñaron en la Transición para garantizar estabilidad política al país. Será. Pero ahora PP, PSOE y los partidos locales lo defienden con uñas y dientes por la simple razón de que les permite perpetuarse en el poder, cada cual en su nicho político.

Un buen sistema electoral debe garantizar dos cosas. La gobernabilidad del país y la representación de la voluntad ciudadana. El actual vigente en España no cumple ninguno de esos objetivos. Lo primero solo se consigue –a no ser que el partido ganador obtenga mayoría absoluta- mediante chalaneos con partidos locales. Y, dado que el método deja en nada al voto de millones de ciudadanos, hablar de representación justa es una burla.

Hay que reformar el sistema. Pero las reformas son complicadas. No tiene sentido salir de un error para caer en otro. Por ejemplo, la relación directa votos-escaños en circunscripción única que abarque todo el país no sirve a los objetivos citados. Se produce fragmentación parlamentaria y gobiernos inestables. Y al final la formación de mayorías parlamentarias queda a expensas de partidos minúsculos, a menudo extremistas. La voluntad de la mayoría se ve subordinada a la de una parte residual de la población. Tampoco es el modelo a seguir. Ni la mayoría debe aplastar a las minorías ni una minoría puede pastorear al conjunto.

En España cobra fuerza la idea de que son necesarias dos reformas. Una exigiría un cambio en la Constitución. Y en tanto no se haga, se debe reducir el número mínimo de diputados por provincia a 1, así como aumentar los escaños de 350 a 400. Esos 50 nuevos se usarían para asignación de «restos». Es decir, saldrían de esos votos que ahora caen al vacío. Así se garantizaría que el voto de los ciudadanos no fuese baldío.

El Consejo de Estado presentó una serie de recomendaciones en tal sentido. Durante la pasada legislatura se discutió en comisión en el Congreso. Al cabo, tras sesudos debates, se llegó al acuerdo de… cambiar el tamaño de la papeleta al Senado. Eso fue todo.

El que se considera el mejor estudio sobre todo este tema es el realizado por la universidad de Granada. Se puede consultar en este enlace. Su propuesta de reforma se orienta a mejorar la representación, a evitar que partidos con menos votos tengan más escaños que otros con más y, a la vez, a que los partidos locales puedan mantener una representación en el Congreso.

Pero los dos grandes y los partidos locales no están por la labor. De hecho, los pasos que dan son en la dirección contraria. En la pasada legislatura aprobaron una modificación de la ley electoral para exigir que los partidos sin representación parlamentaria presentasen como aval las firmas del 0,1% de los electores de las circunscripciones, si es que querían concurrir a las elecciones. Una medida que coarta la aparición de nuevas opciones políticas.

Más ejemplos. A nivel regional, el gobierno del PP en Madrid ha considerado el dividir la comunidad en varias circunscripciones electorales. Algo que de concretarse serviría para borrar del mapa a los partidos menores. Y Mariano Rajoy habló de estudiar la reducción de parlamentarios a 300 con la excusa del ahorro. De hacerse y mantener los parámetros actuales, gracias a la ley d’Hont se pulverizaría a esos mismos partidos minoritarios.

No es extraño que cuando estalla un escándalo como el provocado por las cifras del 20-N la táctica sea callar. Como suele decirse, llueve pero ya escampará. El paso del tiempo o una nueva conmoción política apartarán este tema de la atención pública.

Un sistema electoral más justo supondría para los grandes partidos la pérdida de docenas de escaños, así como de las asignaciones económicas y los puestos de libre designación asociados. Y para los partidos locales, además, significaría una reducción drástica de su capacidad de mercadeo. No. Las reformas no saldrán de ellos.

La única esperanza está en el ascenso de las formaciones minoritarias. Ganan voto por el desprestigio de los grandes, además de por sus propias propuestas. Confían en llegar a tener peso suficiente como para forzar el cambio. Y los grandes a su vez confían en que todo esto sea pasajero y en que se vuelva al bipartidismo férreo.

La cuestión se dirimirá en próximas legislaturas. Está en juego la regeneración de un sistema ya muy dañado en algunos puntales de su armazón democrática.